Durante las últimas semanas, el experimento de las universidades de Cambridge (Reino Unido) y Boston (Estados Unidos) ha dejado una serie de datos ciertamente esperanzadores para el futuro laboral de la juventud y del conjunto de la sociedad. Estas facultades han demostrado que, lo que hasta la fecha eran unas jornadas laborales era una longitud de 5 días (o 6, en algunas profesiones) y una pinza de entre 37’5 y 40 horas semanales a trabajar, están lejos, muy lejos, de alcanzar las metas propuestas de maximizar la productividad y los beneficios, reduciendo al máximo exponente las externalidades negativas y los costes. Tras un estudio de 6 meses en que han participado casi 60 empresas y 3000 trabajadores consistente en una reducción de los días laborales a 4, los beneficios obtenidos han sido más que notorios: El 71% de los participantes ha reducido sus niveles de agotamiento y estrés laboral, se ha incrementado la productividad en un 22%, se han incrementado los ingresos en un 1’4% y el 60% de los trabajadores afirman poder conciliar su vida laboral y familiar mucho mejor. Con estos resultados, más de un 90% de las empresas han admitido su voluntad de seguir con esta modalidad de jornada laboral, y 18 de ellas han decidido instaurarla como permanente.
Ante estos datos, los cuales podemos catalogar de éxito rotundo de la disminución de jornada, se hace inevitable lanzar la pregunta de si este sistema sería viable en nuestro país. En este caso, como en otros tantos que suponen avances sociales, el Gobierno Sánchez ha recogido el guante y ha propuesto una prueba piloto que, capitaneada por la ministra Reyes Maroto, propone a PYME’s del sector industrial y consultoras especialistas en esta materia acogerse a la reducción de jornada, tal como han hecho sus homólogas británicas. En el modelo español de este programa, en el que las empresas pueden percibir beneficios traducidos en mejoras a la productividad, ayudas o reducción del absentismo laboral, se debe garantizar por parte de las PYME’s la aplicación de diversas medidas de cara a sus trabajadores y trabajadoras, o una parte de las y los mismos, durante un periodo mínimo de dos años, a saber: reducciones de jornada de al menos un 10% (traducible por menos días a la semana o menos horas al día), la participación de esta modalidad de entre un 20%-30% del personal y el mantenimiento íntegro del sueldo, de entre otras.
De cumplir todos estos criterios y ser aceptadas dentro del programa, las empresas deberán hacer frente a un reto no menor, como es condensar el trabajo en una jornada más corta, intensificándola, pero sin llegar al punto de quemar al trabajador o la trabajadora y que salga el tiro por la culata. Si bien es cierto que hasta la fecha, la OMS ha identificado una reducción del 67’6% de los casos de quemazón laboral en las plantillas, también es notorio el incremento de frustración y estrés en un 20’5% de los casos. Una buena gestión y el ejercicio de la presión justa es, pues, imperativo para el correcto funcionamiento de esta jornada.
Recapitulando, y a modo de resumen, se puede apreciar que la propuesta de reducción de jornada puede suponer un beneficio tanto para el sector empresarial como a las plantillas, pero para ello se requiere de una gestión precisa y de un cambio de mentalidad por parte de ambos colectivos en que se condense el trabajo sin exceder la carga del mismo. Bien aplicado, este programa puede suponer la revolución laboral que la sociedad ansía ver.
Raül Martínez
Treballador Social
