En cada momento de la Historia, los actores de la sociedad tienen su responsabilidad. En este momento, sin duda los bancos y las entidades y autoridades financieras tienen un papel crucial. Son los que permiten que se financien las actividades de los hogares, de las empresas y de la investigación, tanto la básica como el llamado I+D+i. Soy de los que piensa que la banca en su conjunto tiene que ser responsable y asumir esta función social. El primer pilar para hacerlo es la transparencia. La ciudadanía tiene que saber qué actividades financian los bancos. Igual que queremos saber si la camisa que llevamos ha sido producida por niños en condiciones infrahumanas o en países donde no hay derechos laborales, también queremos saber si el dinero que tomamos prestado o el que prestamos al banco va a ser utilizado para financiar actividades contaminantes o tienen costes humanos y sociales inaceptables hoy día.
Ha llegado el momento de exigir que el dinero de la banca que en definitiva es nuestro dinero, se utilice por ejemplo, para contribuir a la mitigación del cambio climático o para reducir problemas tan graves como la desigualdad o la generación de empleo. A todo ello debe añadirse que la concentración del poder económico es ipso facto una concentración de la toma de decisiones de consecuencias sociales. En los mercados en los que existe un número reducido de empresas se puede fácilmente determinar los precios de los bienes y servicios. De este modo, se hacen menos accesibles a la población en general y por otro lado se generar unas rentas que (además de no estar justificadas) aumentan el poder económico de esas empresas. Precisamente por ese motivo debe preocuparnos la concentración y las fusiones entre bancos. Parece inevitable que se produzcan, pero debería exigirse que al hacerlo garantizasen la sostenibilidad del sector financiero y previniesen los efectos negativos que pueden tener sobre la verdadera competencia y el bienestar general.
En otras palabras, que nos cobren tipos de interés más altos implicará que ciertas inversiones (posiblemente las más necesarias socialmente) no se van a hacer y si eso ocurre habrá puestos de trabajo que se dejaran de crear y riqueza social que no se genere. La diversidad de actores también significa que podamos tener libertad de elección y más variedad para elegir o no un banco (producto o servicio) comprometido con objetivos sociales y medioambientales.
Para que haya acción, la sociedad tiene que empujar y, para que la sociedad empuje de manera coherente y eficaz tiene que estar informada. Es precisamente esta labor informativa de la que todos somos responsables y constituye el aspecto fundamental de la divulgación. Es en definitiva, lo que da sentido y trascendencia a Còrtum y a la digna aunque modesta paleta de publicaciones menores que denuncian las numerosas y frecuentes irregularidades de nuestra política económica.
Es una obligación moral, desenmascarar a los que tengan algo que esconder, ya sea las empresas con una huella de carbono inaceptable o que inviertan en actividades inaceptables socialmente o que no combatan el cambio climático. Sin embargo, también debe decirse que cada persona es responsable de sus acciones y que en la sociedad hay algunas dispuestas a contribuir con sus acciones individuales y otras que no. Es decir, cuando una parte de la ciudadanía no asume ni es cooperativo con las necesidades del conjunto, difícilmente podremos actuar de manera suficiente con respecta a las necesidades reales. Es lo que en otras palabras denominaríamos el problema de la financiación de los bienes públicos. Todos queremos que haya una educación y una sanidad pública, pero no todos están dispuestos a pagar los necesarios impuestos. Por lo tanto, si aspiramos a que las actividades que nos benefician a todos sean financiadas con fondos públicos adecuados, tiene que haber políticas que involucren a toda la sociedad. Creo en el papel de las políticas públicas para avanzar en esa dirección, lo que no quita que cada persona, en su responsabilidad individual, contribuya también a ello, más allá de pagar impuestos.
Finalmente, la ciudadanía debe asumir que los costes de algunos productos o servicios que consumimos no han internalizado la sostenibilidad o simplemente se está infrapagando el trabajo que los genera. Ha llegado el momento de entender y asumir que consumir el producto o servicio más barato puede implicar no proteger el medio ambiente ni nuestras estructuras laborales. Es decir, aunque la máxima de lo comido por lo servido no sea aplicable en todos los ámbitos y sectores sociales, aproximarnos a ella nos aproximaría al necesario equilibrio planetario.
Temi Vives Rego
Biòleg i professor honorífic de la Universitat de Barcelona
