Toda época se sostiene sobre una promesa. Durante buena parte del siglo XX la promesa occidental fue sencilla: si trabajabas, cumplías las reglas y contribuías al bienestar colectivo, la vida de tus hijos sería mejor que la tuya. Durante décadas funcionó.
El contrato social que emergió tras la Segunda Guerra Mundial permitió algo extraordinario: combinar crecimiento económico, democracia representativa y ampliación de derechos sociales. Millones de personas accedieron por primera vez a la educación superior, la sanidad universal, la vivienda y unas expectativas razonables de movilidad social. Hoy esa promesa parece que no se puede cumplir.
Las nuevas generaciones son las primeras que contemplan seriamente la posibilidad de vivir peor que sus padres. La vivienda parece ser un lujo. La estabilidad laboral se desvanece. La incertidumbre se instala como condición permanente. La precariedad deja de ser una excepción.
Resulta tentador atribuir esta situación a una única causa. La globalización, la inteligencia artificial, la inmigración o la crisis climática aparecen como culpables. Pero ninguna de estas explicaciones es suficiente por sí sola. Lo que observamos es el agotamiento de un modelo histórico que ya no aguanta por la complejidad de la realidad, la carencia de liderazgos y la falta de objetivos comunes y consensuados por amplios sectores. El ruido, el odio, la polarización, el populismo, la simplificación se han adueñado de la agenda política.
El Estado del bienestar nació para gestionar los riesgos de una sociedad industrial relativamente estable. Fue diseñado para trabajadores que desarrollaban carreras laborales largas y previsibles, para economías nacionales con fronteras económicas relativamente controladas y para sociedades jóvenes con abundante población activa.
El contrato social de la posguerra se construyó, también sobre una disponibilidad excepcional de energía fósil barata, abundante y de bajo coste. La transición energética actual obliga a reconstruir ese equilibrio en condiciones mucho más complejas.
Vivimos en economías globalizadas, hiperconectadas y tecnológicamente aceleradas. La inteligencia artificial modifica profesiones enteras en cuestión de meses. La transición energética obliga a transformar infraestructuras construidas durante más de un siglo. La demografía envejece. El clima introduce incertidumbres desconocidas.
Paradójicamente, cuanto más complejos son los riesgos colectivos, más individualizadas se han vuelto las respuestas. El fracaso estructural suele presentarse como responsabilidad personal. Si alguien pierde su empleo, se le recomienda reciclarse. Si no accede a una vivienda, es porque no se esfuerza lo suficiente. Si la inseguridad aumenta, es su percepción. El resultado es una sociedad donde se exige que las personas asuman individualmente problemas sistémicos.
Karl Polanyi observó que los mercados desregulados generan inevitablemente una reacción social de autoprotección. La cuestión decisiva no es si esa reacción llegará. La cuestión es qué forma adoptará. Podría traducirse en un nuevo contrato social capaz de combinar democracia, sostenibilidad y progreso compartido. O derivar hacia formas autoritarias a cambio de libertad.
Por eso el debate sobre el futuro no consiste únicamente en discutir tecnologías, impuestos o políticas públicas. Consiste en responder una pregunta mucho más profunda: qué obligaciones estamos dispuestos a asumir unos respecto a otros en sociedades cada vez más diversas, envejecidas y tecnológicamente transformadas.
Tal vez el verdadero problema de nuestro tiempo no sea económico ni tecnológico, sino la pérdida de una promesa colectiva capaz de ofrecer sentido al futuro. Y ninguna sociedad puede vivir indefinidamente sin una promesa. Su fracaso e incumplimiento provocan frustración y rechazo, y el resultado lo conocemos en forma de populismos y autoritarismos. Cabe, pues, redefinir ese nuevo contrato social que necesitará ser pensado en múltiples variables, anclado en valores que devuelvan ilusión y esperanza a la sociedad.
Héctor Santcovsky