Mientras España conmemora el 20 de noviembre, fecha marcada por los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, el aparato judicial ha decidido irrumpir con una noticia que no parece casual: la condena, sin ni siquiera tener el texto de la sentencia preparado, contra el Fiscal General del Estado. Una decisión cuya premura y escenificación pública no sólo levanta sospechas, sino que transmite un mensaje inequívoco hacia el conjunto de la ciudadanía progresista y trabajadora.
La “coincidencia” temporal no engaña a nadie. En un país donde aún quedan demasiadas estructuras que nunca se democratizaron del todo, la justicia vuelve a convertirse en instrumento político para recordar quién manda. Y el recordatorio no va dirigido únicamente a las instituciones del Estado, sino también —y especialmente— a quienes defendemos una España más justa, igualitaria y libre de los lastres del franquismo sociológico.
Lo que ha ocurrido con el Fiscal General no es un hecho aislado: forma parte de una ofensiva más amplia, de un clima creciente de intimidación contra todo lo que huela a avance social. Se trata de un aviso a navegantes, una maniobra de presión que pretende inocular miedo y disciplinar políticamente tanto al Gobierno progresista como a cualquier actor que plante cara a los poderes que, a pesar de haber perdido la dictadura, nunca renunciaron a su influencia.
En este tablero, la derecha política y mediática no actúa sola: cuenta con sectores judiciales que hace tiempo dejaron de disimular su alineamiento ideológico. No es casual que los dardos apunten a Pedro Sánchez y al proyecto reformista que pretende consolidar derechos laborales, reducir desigualdades y avanzar en justicia social. La presión es doble: hacia arriba —para condicionar al Ejecutivo— y hacia abajo —para que la clase trabajadora, sindicatos y movimientos sociales interioricen que hay límites que no se pueden traspasar y que siempre estarán sometidos a los poderosos, que siempre son del mismo lado.
Pero la historia demuestra que cada intento de disciplinamiento genera su respuesta. El movimiento sindical conoce bien estas tácticas: presiones, advertencias, campañas de miedo… y, sin embargo, ha sido precisamente la lucha organizada la que ha mantenido vivas las conquistas laborales y democráticas de este país. Dejar que el miedo venza sería entregar medio siglo de esfuerzos colectivos.
En una fecha tan importante como el 20N, cuando algunos preferirían que siguiéramos mirando hacia otro lado, conviene recordar algo esencial: la democracia la construyen quienes no se resignan. Por eso, frente a quienes utilizan la justicia como arma política, frente a quienes pretenden amedrentar a representantes públicos o sembrar dudas sobre la legitimidad de las instituciones, la respuesta debe ser clara: organización, vigilancia democrática y compromiso social.
Porque si algo se ha demostrado en estos 50 años es que, cuando el pueblo trabajador se moviliza, ni el miedo ni las sombras del pasado pueden imponerse.
Victoria Corbacho
Sindicalista de UGT-SP