Era la crónica de una muerte anunciada. Su no aprobación fue un acto de irresponsabilidad política con ayuda de algún “fuego amigo”. No era un decreto perfecto. Permitía márgenes excesivos a determinadas empresas, eximía de responsabilidades a algunas de las grandes del sistema energético y dejaba sin abordar medidas estructurales para evitar nuevas crisis. Pero era un acuerdo. Un consenso trabajado entre diferentes fuerzas políticas, sindicatos, administraciones autonómicas, y hasta organizaciones ecologistas como Greenpeace. Era el resultado posible —y necesario— ante una amenaza real: la repetición de un colapso eléctrico como el del 28 de abril de este año.
Su derogación, sin alternativa inmediata y en medio de un verano de calor extremo y precios eléctricos inestables, no es un gesto de valentía ni de rigor técnico. Es puro cálculo político, desinterés por el interés general y oportunismo mediático. Una forma muy contemporánea de irresponsabilidad institucional: mejor bloquear que ceder, mejor dejar caer que parecer débiles. Como durante la COVID, cuando algunos preferían erosionar la gestión sanitaria antes que compartir responsabilidades.
Se ha roto un pacto porque beneficiaba «a los de siempre». Y es cierto: el sector eléctrico tiene aún demasiada influencia en la regulación. Pero eso no justifica dinamitar el único marco que ofrecía garantías mínimas de estabilidad. Se ha cedido al tacticismo. Y en ese ruido, el único que gana es el antipolítico profesional. Los que piden “que se vayan todos”, los que convierten la impotencia en furia, y la furia en votos.
La política no está para moralizar desde la bancada ni para incendiar consensos desde la trinchera. Está para resolver. Este decreto no resolvía del todo, pero ayudaba. Su caída no deja un vacío normativo, deja un vacío de responsabilidad.
Y en ese hueco, ya están fregándose las manos Alvise y Vox.
Héctor Santcovsky