Desde que se conoció el pacto de investidura de Salvador Illa entre el PSC y ERC, se han vertido ríos de negro sobre blanco sobre la llamada “Financiación Singular para Catalunya”.
Cierto es que no queda totalmente clara la definición de “singular” en el documento.
Pero los del PP, principalmente, han puesto el grito en el cielo y movido a todas las CCAA presididas por ese partido en contra de cualquier tipo de pacto de financiación, incluso rechazando el techo de gasto para lo presupuestos generales de 2025 y 2026, aunque represente una pérdida muy importante de fondos para todas las CCAA.
Curioso es que también se haya opuesto Junts a esta medida, tal vez llevados para hacer la contra a ERC por haber pactado con, según ellos, “los culpables del 155”. Al final las derechas siempre quieren tener la llave de la caja, cuando está en su mano, pero cuando está en manos de otros su gestión, ahí ya rechazan cualquier actividad “singular”, sea del tipo que sea.
Analizando un poco la realidad de las 17 CCAA y 2 Ciudades Autónomas, se ve que cada una de ellas tiene sus singularidades, y algunas muy destacadas y conocidas, que, precisamente por ello, tienen tratamientos de financiación diferentes.
Por ejemplo, las CCAA insulares tienen el llamado “efecto isla”, al tener que soportar mayores gastos para tratar de igualarse en servicios con el resto de CCAA, por ejemplo, con la financiación del transporte para los residentes en esos territorios.
Otras CCAA tienen la singularidad de fronteras, otras una extensión territorial muy superior a la media, otras despoblación, otras exceso de turismo, otras desertización, otras portuaria, otra singularidad de “capitalidad” recibiendo la CA de Madrid importante financiación por esta singularidad, otras una gran dispersión geográfica y poblacional, etc, con el consiguiente mayor gasto para igualar los servicios a prestar por las CCAA.
Otras CCAA han sido consideradas “históricas” por la propia Constitución, teniendo su propia singularidad por este motivo.
También singularidad por tener más de un idioma, o tener transferidos los servicios de seguridad pública (Euskadi, Navarra y Catalunya).
Y así podríamos enumerar muchas singularidades específicas que se han de tratar de compensar para poder garantizar la prestación de servicios.
Por otra parte, el capítulo Octavo de la CE, que trata sobre la organización del estado en CCAA, ha quedado ampliamente superado por la realidad, notándose especialmente dificultades para encajar la realidad de estas singularidades, con impacto sobre la ley de Financiación Autonómica (LOFCA), que además lleva bastantes años sin ser revisada ni corregida en profundidad para adaptarla a la realidad, en tanto que se han redefinido muchos temas en que la gestión de algunas transferencias de servicios a las CCAA no está claro completamente qué costes soportan la CCAA compensados por el Estado y cuáles no.
Una dificultad importante es la falta de claridad y acuerdo en los parámetros en que se apoya la distribución de los fondos de Financiación Autonómica.
Está claro el principio de Recaudación por Renta y Redistribución por población para acercarse a la igualdad de servicios y prestación para la población.
Cuando se entra en los detalles de cada “singularidad”, como el IVA que se reparte según criterios que deberían revisarse para tener correcta redistribución. Por ejemplo, las empresas que facturan en una CCAA y prestan sus servicios y entrega de productos en otras CCAA, para redefinir el PIB por la riqueza generada en el origen y el valor en las CCAA de destino.
En otros casos se trata de encontrar lógicas, criterios y parámetros transparentes que sirvan para, de común acuerdo, compensar las singularidades.
Expongo un ejemplo de “singularidad” aplicada a la realidad:
En mi profesión como informático, en una de las empresas de distribución de productos, los transportistas subcontratados que hacían la distribución física se quejaban de que no se tenían en cuenta un par de temas, uno de ellos era la “densidad” de la carga (kg x m3) en tanto que se les pagaba por entregas con precio por cada entrega según la distancia y un precio por cada kg, y el otro tema era de las distancias geográficas que habían de recorrer en zonas amplias y escasamente pobladas, con pocos puntos de entrega.
Después de hacer varios estudios y buscar documentación existente, se llegaron a proponer e implantar, después de hacer simulaciones y cálculos, dos índices de corrección, para, precisamente, compensar estas dos singularidades. Un índice era un factor de aumento del precio si la media de densidad (kg x m3) era inferior a un valor. Y el otro índice era un factor de aumento del precio si la “dispersión geográfica entre los puntos de entrega” era superior a un valor.
Estos factores se aplicaban a todos los transportistas, consiguiendo acuerdos de estabilidad. Eran revisados periódicamente y recalculados mensualmente en el sistema informático.
Seguro que, con voluntad constructiva y de colaboración entre el Estado y las CCAA para revisar todas las singularidades y analizar lo que se haya de compensar, será posible un entendimiento y se alcanzarán acuerdos.
Por supuesto que es complejo el tema, pero se debe partir de la transparencia de estas singularidades para avanzar en la consolidación del modelo autonómico y su financiación. Y también la responsabilidad institucional de todos los participantes en este tema. No se puede bajar impuestos en una CA, especialmente a los ricos, para luego reclamar al Estado más financiación para compensar la pérdida de ingresos.
Resulta también necesario que se mantenga la dualidad de acuerdos entre el Estado y cada Comunidad Autonómica, ya que cada una presenta sus problemas que no tienen por qué ser comunes a todas las CCAA, y al mismo tiempo los acuerdos en la mesa de relación multilateral entre todas las CCAA y el Estado.
Confiemos que se avance en este tema que ayude a la concordia y el desarrollo económico y social de los habitantes de esta comunidad tan amplia llamada España.
Antonio Puparelli
Informàtic i activista social
@apuparelli
