Hace unos días pudimos apreciar como nuevamente la intolerancia y el extremismo más puro invadió a un grupúsculo de radicales en Brasil. Éstos cargaron salvajemente contra el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo en un intento de expulsar al actual presidente, Lula Da Silva, del cargo obtenido el 1 de enero tras ganar las elecciones. Este grupo, afín al expresidente Jair Bolsonaro, consideró hacerse oír mediante la fuerza, visto que en las urnas no les fue posible, de la misma forma que sucedió en Estados Unidos cuando un grupo de radicales asaltó el Capitolio para intentar detener el recuento de votos que ratificaba la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump.
Estos dos casos, claros ejemplos de intentos de alzamiento por parte de un sector minoritario de la sociedad para imponer sus ideas al conjunto, no nos son ajenos ni desconocidos, desafortunadamente. En Catalunya, allá por el 2018, el entonces presidente Quim Torra se dedicó a arengar al colectivo de los CDR para que “apretasen” e hiciesen una suerte de revolución para conseguir la meta inalcanzable de la independencia. Sus ánimos a este grupo se tradujo en un cuasi asalto al Parlament de Catalunya, con más de un centenar de personas a sus puertas clamando porque se llevasen a cabo sus exigencias.
Otro hecho similar, si bien de menor calibre pero de igual importancia, se llevó a cabo en el término municipal de Lorca, Murcia, donde un grupo de ganaderos irrumpió por la fuerza en el Pleno Municipal con el objetivo de impedir la votación de una moción que perjudicaba sus intereses.
Estamos de acuerdo en que los calibres de los asaltos son diferentes, que no es lo mismo una decena de personas que los centenares que arremetieron contra las instituciones en Brasil o Estados Unidos, pero, al final, de lo que venimos a hablar es del fondo del asunto: del intento de líderes o colectivos de hacer prevalecer su ideología o sus exigencias por encima de las popularmente elegidas por medio de la fuerza, del peligro que supone la idea de no querer ceder el poder pacíficamente cuando se pierden unas elecciones, de no respetar la democracia ni las instituciones. Si bien es verdad que una gran parte de la ciudadanía y actores sociales seguimos considerando estos métodos como peligrosos e indeseables, hay un sector de la población que lo anima y lo impulsa, siendo este la derecha y la extrema derecha del PP y VOX. Tanto unos como otros llevan semanas, sino meses, intentando hacer calar el mensaje que el gobierno español actual, presidido por el socialista Pedro Sánchez, es ilegítimo. No usan ni recursos ni argumentos, simplemente lanzan la piedra y se limitan a no condenar acciones que claramente atentan contra la democracia y sientan peligrosos precedentes.
Como sociedad no podemos permitir que esto arraigue. Toda petición, toda voluntad que respete los derechos humanos y el respeto entre iguales y a los principios democráticos puede y debe ser oída, pero aquellas que vayan en sentido contrario deben ser firmemente condenadas y reprobadas. En democracias consolidadas, para hacerse oír, no todo vale.
Raül Martínez
Treballador Social
