Construir una buena carrera profesional suele conllevar mucho esfuerzo y sacrificio. Aparte de la experiencia laboral hay que tener en cuenta el tiempo invertido en formación, tanto la reglada como la complementaria. En los últimos años se está reproduciendo este patrón, por decirlo de alguna manera, ya que las innovaciones tecnológicas están automatizando la mayor parte de las funciones que desempeñan aquellos empleos de baja cualificación. Algunos de estos acabarán siendo destruidos, otros sufrirán una transformación en la que implicará que las personas que suelen ocupar estos oficios deban actualizar su formación si no quieren quedarse atrás y perder más posibilidades de inserción y mantenimiento de los puestos de trabajo. Y todo esto no sería un problema si no fuera porque en España la cuantía de las prestaciones contributivas depende del número de años cotizados y si la trayectoria laboral de una persona se ve interrumpida en varios períodos, tendrá menos posibilidades de cobrar una pensión de jubilación que permita satisfacer sus necesidades básicas.
En las personas migrantes también ocurre lo mismo, pero añadiendo el agravante de no poder reconocer ni su experiencia ni formación. Es cierto que existe la posibilidad de tramitar el proceso de homologación de los estudios, cuya tasa se ha de pagar, pero no todas las personas pueden realizarlo, ya que como requisito de homologación está adjuntar aquellos documentos que acrediten que se haya realizado y en algunos casos hay personas que provienen de países que se encuentran en una situación de conflicto y por tanto se ven impedidos a llevarlo a cabo. Por otro lado en España hay un procedimiento que permite acreditar las competencias que ha adquirido una persona a lo largo de su trayectoria profesional y formación complementaria, equivaliéndola a módulos correspondientes a un Certificado de Profesionalidad o a un Ciclo Formativo.
Este procedimiento fue establecido para el reconocimiento de la labor de las personas que hubieran trabajado durante varios años en una empresa realizando funciones más cualificadas, y no tuvieran la formación requerida para cubrir ese puesto de trabajo. Entre los requisitos que se demandan para llevar a cabo el proceso de acreditación de competencias se encuentran los certificados de empresa que reconozcan que esta persona ha llevado a cabo estas funciones durante un determinado período de tiempo, como también el Informe de Vida Laboral, que recopila el tiempo en que una persona ha trabajado. Las personas migrantes no tienen registrada en su Informe de Vida Laboral la experiencia laboral que han llevado a cabo en sus países de origen. Por lo tanto estas personas sólo les quedan la opción de volver a estudiar o se verán arrastradas a encadenar empleos de muy baja cualificación y hay que tener en cuenta que la mayoría de empleos de muy baja cualificación conllevan realizar un gran esfuerzo físico. Así que si encima de todo ello se añade la variante de que estas personas tengan algún tipo de discapacidad física que por ejemplo les impida levantar peso, se verán abocadas a la cronificación de la pobreza.
Por todo ello es necesario que se establezcan una serie de medidas para que las personas migrantes puedan acreditar su formación y experiencia laboral. Esto no implica que se regalen los estudios si no que ante la imposibilidad de presentar toda la documentación requerida
realicen unos exámenes u otro tipo de pruebas en el que demuestren que han adquirido las competencias claves para ejercer un puesto de trabajo. Se trataría entonces de una manera de garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas, además de aprovechar el capital humano, lo que repercutiría al final en un mayor beneficio para las empresas, y lo más importante para la sociedad en general.
Noèlia Guzmán Funcasta
Graduada en sociologia i especialitzada en gènere
@ng_funcasta
