La ratificación en el Congreso de los Diputados del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y la Atención a la Ciudadanía no puede interpretarse como un punto de llegada. Es, ante todo, una pista de despegue para la negociación colectiva en todas las administraciones públicas y en todos los ámbitos territoriales.
Su valor central no reside únicamente en las medidas que contiene, sino en el marco que abre: un suelo común de derechos desde el que las organizaciones sindicales pueden avanzar, negociar y mejorar las condiciones laborales del empleo público. El acuerdo no cierra debates; los activa.
La negociación colectiva como eje del empleo público
Este acuerdo devuelve a la negociación colectiva el lugar que nunca debió perder en el sector público. Durante años, decisiones unilaterales, límites presupuestarios y normas de excepción debilitaron la capacidad negociadora de los sindicatos y empobrecieron el empleo público.
El Acuerdo Marco invierte esa lógica. Obliga a convocar mesas de negociación, a discutir plantillas, salarios, carrera profesional, organización del trabajo y calidad del servicio público. Refuerza la idea de que sin negociación no hay mejora posible, y que los derechos laborales no se conceden, se negocian.
UGT Servicios Públicos ha sido determinante en este enfoque: construir acuerdos que abran negociación y no que la sustituyan.
Avances salariales y recuperación de derechos
Los avances salariales incluidos en el acuerdo deben entenderse como parte de un proceso más amplio de recuperación de derechos perdidos tras años de recortes y congelaciones. No son una concesión graciosa ni una medida coyuntural, sino el resultado directo de la presión y el trabajo sindical sostenido en el tiempo.
Recuperar poder adquisitivo es también recuperar reconocimiento profesional y estabilidad laboral. Es reforzar el empleo público como pilar de los servicios esenciales.
El fin de la tasa de reposición: una conquista sindical estructural
La eliminación de la tasa de reposición constituye una de las mayores victorias sindicales de la última década. Durante años, esta herramienta sirvió para justificar plantillas insuficientes, envejecidas y altamente precarizadas.
Su desaparición permite:
- Planificar las necesidades reales de personal
- Reducir la temporalidad estructural
- Reforzar servicios públicos debilitados
- Garantizar el relevo generacional
Nada de esto habría sido posible sin una acción sindical constante y coordinada.
Modernización negociada, no impuesta
El acuerdo avanza hacia una administración más moderna, pero lo hace desde la negociación colectiva. Procesos selectivos más ágiles, promoción interna real, concursos de méritos permanentes y formación homologada forman parte de un modelo en el que los cambios no se imponen, se acuerdan.
La digitalización y la introducción de nuevas tecnologías solo pueden tener éxito si cuentan con la participación activa de la representación sindical y con garantías claras de empleo y derechos.
Atención a la ciudadanía y calidad del empleo
El refuerzo de la atención a la ciudadanía —presencial, telefónica y electrónica— subraya una idea fundamental: no hay buen servicio público sin buenas condiciones laborales. Defender a las empleadas y empleados públicos es también defender a la ciudadanía.
La calidad del empleo y la calidad del servicio son inseparables.
Igualdad y derechos laborales
Las medidas en materia de igualdad incluidas en el acuerdo consolidan derechos largamente reivindicados por el sindicalismo: igualdad salarial, protección a víctimas de violencia machista, permisos para cuidados y mejoras en acción social.
No son añadidos accesorios, sino parte central de un modelo de empleo público más justo y más equilibrado.
Un acuerdo abierto que exige acción sindical
El Acuerdo Marco solo desplegará todo su potencial si se traduce en negociación real en cada administración pública. Por eso es una pista de despegue y no una meta. Ahora comienza la fase decisiva: convocar mesas, negociar acuerdos, exigir su cumplimiento.
UGT Servicios Públicos ya ha marcado las prioridades inmediatas: pago de atrasos, carrera profesional real, estabilidad definitiva, plantillas suficientes, condiciones dignas e igualdad efectiva.
Nada de esto se logrará sin organización, presión y acción sindical.
Conclusión: sindicalismo como garantía frente a la regresión de derechos.
En un contexto mundial, europeo y estatal marcado por el avance de la ultraderecha, fomentado además, por la derecha tradicional, que cuestiona abiertamente los derechos laborales, con declaraciones como las de Núñez Feijóo ante la patronal catalana anunciando que eliminaría los comité en empresas de menos de 50 trabajadores, ante esta deriva el papel de los servicios públicos y la propia legitimidad de la negociación colectiva, el sindicalismo vuelve a situarse en el centro del conflicto democrático.
Nada de lo que hoy damos por garantizado es irreversible.
Cada derecho laboral, cada mejora salarial, cada servicio público fuerte ha sido conquistado con organización, conflicto y lucha sindical. Y todo puede perderse si se debilita la capacidad colectiva de las trabajadoras y los trabajadores para defenderlo.
Frente a quienes pretenden recortar derechos en nombre del orden, la eficiencia o la austeridad, disfrazándolo de libertad, el sindicalismo es hoy la última línea de contención real frente a la regresión social. No hay atajos institucionales ni soluciones tecnocráticas que sustituyan a una clase trabajadora organizada.
Por eso, reforzar la negociación colectiva no es solo una cuestión laboral: es una tarea democrática urgente. Defender el empleo público, fortalecer los sindicatos y ampliar derechos es la mejor garantía para que no se desmonte, pieza a pieza, lo conquistado tras décadas de lucha.
El Acuerdo Marco no es el final del camino. Es el comienzo de una nueva etapa de negociación, de organización y de movilización. Y en esa tarea, le pese a quien le pese el sindicalismo nunca falla
Victoria Corbacho
Sindicalista · UGT Servicios Públicos