A raíz de la reciente declaración de Mojtaba Khamenei, insinuando la eliminación de Benjamin Netanyahu, vuelve a ponerse de manifiesto uno de los rasgos más inquietantes de la política internacional contemporánea: la progresiva normalización pública de la eliminación del adversario político. Algo que ya ocurrió cuando Estados Unidos celebró abiertamente la muerte de Osama bin Laden, cuando se justificó el asesinato del líder de Irán Khameini o cuando se llegó incluso cuando se procedió a “detener” a dirigentes como Nicolás Maduro vulnerando principios elementales de soberanía.
Durante décadas existió una cierta hipocresía funcional en la política internacional. Los Estados practicaban operaciones encubiertas, apoyaban golpes de Estado o incluso eliminaban físicamente a determinados adversarios. Pero había una regla implícita: no se reconocía públicamente.
Incluso cuando estas operaciones eran conocidas, se mantenían en una zona gris de negación diplomática. Cuando se preguntaba por ellas, la respuesta habitual era el clásico no comment. Esa ambigüedad formaba parte de un equilibrio precario: todos sabían lo que ocurría, pero se evitaba convertirlo en una práctica explícitamente legitimada.
Ese marco empezó a cambiar con la llamada guerra global contra el terrorismo. La operación estadounidense que acabó con la muerte de Osama bin Laden en 2011 marcó un punto de inflexión. Aquella acción fue presentada abiertamente como un éxito político y militar. Por primera vez en mucho tiempo, la eliminación física de un adversario se celebraba públicamente como un acto legítimo. A partir de ese momento se consolidó la práctica de los llamados asesinatos selectivos, muchas veces mediante drones. El cambio no fue solo operativo. Fue también discursivo.
Durante décadas estas acciones se justificaban con cautela jurídica o diplomática. Hoy el lenguaje político es mucho más directo. La eliminación del adversario empieza a presentarse no solo como una necesidad estratégica, sino como una acción moralmente legítima.
Pero esta transformación del discurso tiene también una dimensión menos confesada: la económica. Las guerras contemporáneas no solo reorganizan equilibrios geopolíticos; también generan importantes beneficios para determinados sectores. El complejo militar-industrial, los grandes proveedores de armamento o las industrias tecnológicas vinculadas a la defensa encuentran en los conflictos un poderoso motor de expansión.
Algo similar ocurre con los mercados energéticos. Cada escalada militar en Oriente Medio introduce tensiones en los flujos globales de petróleo y gas, dispara la volatilidad de los precios y abre oportunidades de negocio para grandes compañías energéticas y de fabricantes de armas. No es casual que, en ocasiones, dirigentes políticos hayan llegado a insinuar —con mayor o menor pudor— que determinadas crisis internacionales pueden terminar beneficiando a sus propias industrias nacionales o reforzando la posición de determinados productores.
Cuando ese tipo de argumentos se expresa abiertamente, se rompe otra frontera tradicional: la que separaba la retórica moral de la guerra de sus intereses materiales reales. Lo que antes se justificaba en nombre de la seguridad, la democracia o la estabilidad internacional empieza a aparecer cada vez con más claridad vinculado a intereses económicos muy concretos. Este cambio discursivo refleja algo más profundo: la erosión de los pilares que sostenían el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
Ese orden descansaba fundamentalmente sobre dos principios. El primero era el multilateralismo: la idea de que los grandes conflictos debían gestionarse dentro de un sistema de reglas compartidas, con instituciones capaces de limitar —al menos parcialmente— el uso de la fuerza. El segundo era una cierta legitimidad normativa del sistema internacional. Incluso cuando las grandes potencias actuaban unilateralmente, procuraban hacerlo dentro de un marco de justificación jurídica: defensa propia, seguridad colectiva o intervención humanitaria.
Ese equilibrio nunca fue perfecto, pero funcionaba como una arquitectura mínima de contención. Hoy esa arquitectura muestra signos evidentes de desgaste. Incluso dirigentes europeos como Ursula von der Leyen han reconocido recientemente que el sistema internacional basado en reglas atraviesa una crisis profunda. Las matizaciones posteriores no cambian demasiado el diagnóstico: muchos de los mecanismos que estructuraban el orden global han perdido capacidad real de regulación.
Cuando ese marco se debilita, los Estados tienden a actuar cada vez más según lógicas de poder directo. Las decisiones estratégicas se justifican en términos de seguridad nacional, rivalidad geopolítica o ventajas económicas inmediatas.
No necesariamente vivimos un mundo con más conflictos que en otras épocas —la historia está llena de periodos violentos—. Lo que sí parece evidente es que los mecanismos que antes organizaban y contenían esos conflictos están perdiendo eficacia.
Quizá estamos entrando en una fase de transición histórica. El antiguo orden internacional parece agotado, pero el nuevo aún no ha tomado forma. Y en esos momentos intermedios, cuando las reglas dejan de ser claras y las legitimidades se erosionan, la política internacional suele adoptar un rostro que la historia conoce demasiado bien: el del desorden y el caos.
Héctor Santcovsky