Militarizar la calle para gestionar pobreza y delitos de baja intensidad no es seguridad: es una política equivocada. En los últimos meses, distintos episodios en Estados Unidos —desde la intervención federal en Washington D. C. hasta la instrumentalización del orden público tras los disturbios de Minneapolis y el uso político del ICE— reabren un debate que en democracia creíamos zanjado: la seguridad pública debe tener un carácter civil. No por desconfianza hacia lo militar, sino porque cada institución responde a misiones distintas. Cuando se confunden, se erosiona el contrato entre Estado y ciudadanía.
Durante la presidencia de Donald Trump, la excepcionalidad se convirtió en herramienta política: Guardia Nacional, retórica de “ley y orden” y despliegues simbólicos como respuesta a conflictos sociales complejos. Minneapolis fue paradigmático. El patrón se repite: sobredimensionar amenazas, seleccionar datos de forma interesada y trasladar una lógica cuasi militar al espacio urbano.
La filosofía de la seguridad democrática es otra cosa: proximidad, prevención, investigación y garantías. Sus reglas de uso de la fuerza y su rendición de cuentas no son intercambiables con la lógica militar, orientada a neutralizar amenazas bajo mandos verticales y reglas de enfrentamiento propias de la defensa. Importar esa lógica a la vida cotidiana construye la idea de un “enemigo interior”, normaliza la excepcionalidad y debilita los controles civiles.
España ofrece un contraste útil. La Unidad Militar de Emergencias es un buen ejemplo de uso adecuado de capacidades militares: incendios, inundaciones, terremotos o crisis sanitarias, siempre bajo coordinación civil. Su valor es logístico y operativo en escenarios extraordinarios, no el patrullaje ni la gestión de la convivencia. Las fuerzas armadas tienen un propósito claro, pero no es el de la seguridad ciudadana.
Aquí aparece un punto clave que hoy se infravalora: los nuevos retos de la seguridad no son principalmente policiales ni militares, sino climáticos y territoriales. DANAs cada vez más intensas, episodios extremos como “Leonardo”, incendios de sexta generación o crisis hídricas tensionan infraestructuras, movilidad y cohesión social. La seguridad del siglo XXI exige anticipación, resiliencia y capacidad de respuesta ante desastres, no la ocupación simbólica del espacio público.
Desplegar soldados para gestionar sinhogarismo, adicciones o pequeños delitos no reduce la pobreza ni mejora la convivencia; la criminaliza y desvía recursos desde vivienda, salud y prevención hacia dispositivos coercitivos. En cambio, reforzar protección civil, logística de emergencias, adaptación climática y coordinación interadministrativa sí aumenta la seguridad real.
En Europa —y en Catalunya— conviene blindar por ley la naturaleza civil de la seguridad pública y delimitar con precisión cualquier apoyo militar a situaciones verdaderamente extraordinarias, especialmente vinculadas a emergencias climáticas e infraestructuras críticas. El modelo UME demuestra que es posible aprovechar capacidades militares sin militarizar la convivencia.
Si tratamos la delincuencia común y la pobreza como una guerra, la democracia pierde sus reflejos —proporcionalidad, proximidad y garantías— justo cuando más los necesita. La seguridad se fortalece cuando protege derechos y se prepara para los riesgos reales del presente. Hoy, esos riesgos se llaman clima extremo y vulnerabilidad territorial, y exigen un cambio de paradigma: menos gestos de fuerza y más capacidad pública, más prevención y más gobernanza democrática. Apostar por soluciones innovadoras no es un lujo ni una concesión ideológica, sino la condición necesaria para una seguridad eficaz, civil y plenamente compatible con un proyecto democrático.
Héctor Santcovsky