“Sin un poder judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho”, dicen que dijo la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló —quien parecía progresista—, en el acto de apertura del curso judicial. Advertencia superflua, pues la independencia es la base sobre la que quienes administran justicia toman sus decisiones, aunque naturalmente estén influidos por sus circunstancias. Lo que sí genera dudas es la neutralidad e imparcialidad de la parte más escandalosa, así como su sometimiento al imperio de la Ley establecida por el Poder Legislativo. Aplicar la Ley es la razón de ser de la independencia y de la potestad de interpretarla, no para obviarla ni para forzar o reorientar las políticas públicas. La exigencia de responsabilidades por parte del CGPJ brilla por su escasez, mientras algunos jueces parecen lanzar la red a ver qué pescan.
La Tercera República Francesa (1870‑1940) nació para consolidar un Estado de Derecho basado en la separación de poderes. Su progresiva decadencia obedece a que la sociedad actual tiene muy poco que ver con aquella en la que se ideó, y a una combinación de factores políticos, sociales, económicos y geopolíticos que erosionan sus cimientos, con Trump como máximo exponente y los Feijoos como diletantes.
Durante la dictadura franquista existió unidad de poder con separación de funciones. Los jueces carecían de independencia, formaban parte de jurisdicciones especiales —militares o de orden público— y los actos de la Función Ejecutiva eran de imposible o difícil revisión por tribunales autónomos. La carrera judicial fue depurada, apartando a los magistrados sospechosos de no ser adictos al régimen. El control político directo se ejercía a través de los nombramientos del Gobierno y de las consecuencias si se desviaban. En lo cotidiano, la justicia mantenía cierta autonomía técnica, pero siempre alineada con la moral y los valores del régimen, lo que impidió una independencia judicial real. La ausencia de separación efectiva convirtió la justicia en una función dependiente de los intereses de las gentes del régimen y de sus allegados. Sus partidarios la añoran.
Los integrantes de la Función Judicial franquista pasaron a formar parte del Poder Judicial constitucional sin solución de continuidad. Ello propició la prolongación de malas prácticas arraigadas, como cobrar en “negro” la preparación para ingresar en la carrera, y un sistema de acceso que ha cambiado muy poco, solo aliviado por el llamado tercer y cuarto turno.
La Constitución de 1978 recogió el principio de autogobierno de los jueces y creó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —no un “consejo superior de la magistratura”, como algunos pretenden—, que ha sido erosionado por el bloqueo político en su renovación. Las facciones de jueces y magistrados, agrupadas en asociaciones dispares, refuerzan la percepción de politización de la judicatura.
Poco puede ser peor que la apariencia de ignorancia jurídica o mala fe, como en la reciente convocatoria pública de dejación de funciones de un grupo de jueces individuales, a la que llamaron huelga, pretendiendo que se designasen servicios mínimos y sin pérdida de percepciones económicas. Si pararon voluntariamente y cobraron, puede apreciarse fraude, y en quien les pagó, malversación de caudales públicos.
La huelga es un derecho fundamental de los trabajadores para la defensa de sus intereses (art. 28.2 CE). Es de ejercicio colectivo, por lo que requiere un órgano sindical legitimado para convocarla; en ese caso, todos en su ámbito están llamados a secundarla, motivo por el que se negocian servicios mínimos y se organizan piquetes informativos. Trabajador es la persona que voluntariamente presta servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Si no se trabaja, no hay de dónde obtener salario ni plusvalía. Jueces, magistrados y fiscales no pueden pertenecer a sindicatos (art. 127.1 CE). El trabajador, en su labor, está sometido al empresario; el juez, solo a la Ley.
El sistema judicial español afronta una sobrecarga creciente de asuntos y una carencia de recursos humanos y materiales, que generan una burocracia capaz de retrasar durante años las resoluciones y minar la confianza ciudadana. Más aún si se suman quienes creen que la independencia permite la holgazanería impune. La digitalización incompleta y las infraestructuras obsoletas ralentizan procesos y dificultan la transparencia, favoreciendo la sensación de ineficiencia. En 2022 había más de 40.000 causas pendientes.
En España hay alrededor de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea cercana a 17. El estancamiento institucional, el agotamiento profesional, la desmotivación, la pérdida de moral y el riesgo de fuga de talento pueden mermar la calidad técnica de la judicatura a medio plazo. Pocos ciudadanos aspiran a la justicia; hay que conformarse con la seguridad jurídica de la sentencia en última instancia.
Tal vez sería conveniente que el CGPJ y su presidenta se dedicasen a mejorar el sistema, el modelo de selección judicial español mediante concurso de méritos; a analizar los informes de la Comisión de Venecia y de la Comisión Europea sobre independencia judicial como hoja de ruta para reformas profundas; a explorar proyectos de digitalización integral del proceso judicial (expediente electrónico único, firma remota) que en otros países han reducido plazos a la mitad; a fomentar la formación continua y las rotaciones internas de jueces para mitigar el agotamiento profesional sin merma de eficacia; a establecer un método para el examen periódico de idoneidad; y a promover un pacto de Estado en materia judicial que combine consenso político con garantías técnicas.
Evitar enfrentamientos partidistas y el bochorno que producen procesos como el del Fiscal General del Estado, en el que en el fondo se dilucida si han de prevalecer las mentiras del novio particular y su padrino pagado con recursos públicos o la verdad de la fiscalía, porque las filtraciones son habituales en los juzgados.
Todo sea dicho con el debido respeto, la alabanza y la confianza en el sistema judicial.
Pedro López Provencio