Si encendemos la televisión una mañana cualquiera de este frenético y peculiar mes de septiembre, es muy probable que, en las cadenas con más audiencia, encontremos programas sobre actualidad política y social que tratan repetidamente un tema: la okupación ilegal de viviendas. Colaboradores coléricos, vecinos y propietarios indignados y reportajes sobre okupaciones son un habitual en los matinales televisivos de nuestro país. Es absurdo negar que el problema exista, y sería muy peligroso hacerlo, pero sí debemos cuestionarnos la magnitud real de éste y si merece tantas horas de contenido.
A esta alarma mediática podemos sumarle la alarma de algunos partidos políticos que buscan sacar rédito electoral con dicha cuestión. Sin ir más lejos, esta semana, Vox presentaba una moción en el Congreso de los Diputados que reclamaba penas de cárcel para los okupas y se mejorará la protección de los “legítimos titulares de los derechos reales” sobre los inmuebles objeto de okupación. Esta moción podría resultar útil si no fuera porque lo que reclama ya existe. La fiscal general del estado ha emitido una instrucción este 15 de septiembre para que los fiscales insten a los jueces a que adopten medidas cautelares para el desalojo inmediato de los okupantes ilegales, tanto para el caso del delito de allanamiento de morada como para el delito de usurpación. Es decir, ya contamos con mecanismos legales que persiguen la okupación ilegal y dicha moción es totalmente absurda e innecesaria. Por otra parte, y siguiendo la misma línea, el Partido Popular ha iniciado una campaña de recogidas de firmas en todas sus sedes para luchar contra los okupas, y presentará mociones en los 7000 ayuntamientos en los que cuenta con concejales. Son varios los partidos políticos que, con el apoyo y la difusión de los medios de comunicación, están haciendo de la lucha contra la okupación una de sus banderas, pero normalmente ni pretenden llegar al fondo de la cuestión, ni conocer la
situación real del problema, sino infundir un miedo en la sociedad que lleve a la población a preocuparse por un tema que la mayoría no vivirá en primera persona jamás. Como pasa en muchos casos, primero viene la campaña del miedo y luego viene el miedo.
La preocupación social sobre este aspecto se ha disparado de forma considerable. Por ejemplo, si observamos las tendencias de búsquedas en Google e investigamos sobre el término ‘okupas’, veremos que desde el año 2018, y en mayor medida desde el año 2019, las búsquedas han aumentado de forma contundente. Es curioso porque un problema que solo afecta a una parte de la población acaba preocupando hasta a quienes jamás se verán okupados ya que ni si quiera cuentan con una vivienda en propiedad, ni mucho menos con una en desuso que pueda ser okupada. Este aumento en las búsquedas no va relacionado con un aumento tan considerable en los casos de okupación. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 se produjeron 285 casos de allanamiento de morada y 6028 casos de usurpación. Esto quiere decir que es muy poco probable que entren en tu primera o segunda vivienda (allanamiento) y que para que se produzca una usurpación esa propiedad debe llevar en desuso más de dos años. Teniendo en cuenta esto y observando estadísticas oficiales, llegamos a la conclusión de que la mayoría de las viviendas okupadas son propiedad de bancos, que en muchos casos echaron a sus antiguos propietarios por impago, o a fondos buitre. El hecho de que existan estas viviendas vacías acaba llevando a que aparezcan mafias que alquilen esos pisos a familias que normalmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desesperación.
Lo anteriormente mencionado nos puede llevar a una reflexión: ¿la forma más útil de frenar la okupación es exigir medidas que ya existen y alarmar a la sociedad a través del miedo? ¿Quién acaba saliendo beneficiado de este tipo de campañas?, ¿llenamos nuestras casas de alarmas o buscamos la raíz del problema? Hemos visto que las viviendas okupadas suelen pertenecer a bancos y que las familias que okupan acostumbran a tener pocos recursos.
Esto no justifica dicha okupación, pero sí nos hace pensar que quizás, habría que huir de mociones y proposiciones de leyes que exigen más persecución y penas de prisión para estos okupas y podríamos reflexionar sobre la necesidad de alquileres sociales u otro tipo de soluciones en esta línea. Es importante que seamos conscientes de realidad de los problemas y sobre todo es importante que no elijan por nosotros de lo que nos tenemos que preocupar.
Patricia García Castro
Estudiante de pedagogía
@xpatridifusax
