Vamos a iniciar, por fin, una legislatura en España que, si nada lo impide, finalizará a primeros de 2024. Se nos hacía largo pensar, hace unos años, en los objetivos de la Agenda 21 para la sostenibilidad ambiental y objetivos medioambientales. Luego nos hemos sumergido en la ola de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que amplían su ámbito de acción para abrazar a los principales retos sociales, económicos y medioambientales que son comunes a toda la Tierra. Y nos sitúa en 2030 para ir avanzando, en una estrategia multinivel que implica a los gobiernos locales, regionales y estatales, así como a las principales líneas de financiación de la Unión Europea y otros organismos Internacionales.
En este caso, el alcance de los objetivos es universal y pretende situar a todos los países en una sola agenda internacional en la que cada uno pueda avanzar desde el punto en el que se encuentra, como si una finalidad última, un propósito común, nos guiase a todos –gobernantes y ciudadanía- hacia una misma luz. Contando con indicadores, instrumentos de planificación y actuación, nos conjugamos hacia una orientación armónica que haga avanzar, a nuestro planeta y a sus habitantes. Pensando en el futuro, queriendo implicar a las generaciones más jóvenes y apelando a la responsabilidad de las más mayores para corresponsabilizarse, desde la vida cotidiana a la empresa, desde la educación a la cultura y las políticas públicas. Una gran ola que nos ha impregnado a todos y todas los últimos cuatro años, especialmente, para no dejarnos más.
Y cómo recibimos en España esta nueva regla de medir? Además del retraso evidente en las políticas efectivas contra el cambio climático, tenemos déficits importantes en la garantía de derechos a una vivienda y un trabajo que permita vivir con dignidad. La ausencia de políticas proactivas de vivienda, junto a los efectos de la burbuja Inmobiliaria de los años 90 nos ha dejado un terreno estéril en el que será difícil que vuelvan a brotar síntomas de regeneración a medio y largo plazo. Por su parte, los efectos de la reforma laboral introducida por el Partido Popular nos han llevado a una precarización casi estructural del empleo que ha convertido en “nuevos pobres” a jóvenes, mayores de 55 años y trabajadores no muy cualificados, en una ofensiva a la clase media y a la justicia generacional que va camino también de convertirse en endémica, si no hacemos un esfuerzo importante.
Es curioso como las clases dirigentes, a nivel mundial, se han empezado a preocupar por el fenómeno de la “desigualdad social”, seguramente más por el déficit en el consumo que representa que por el concepto de justicia social. Tenemos así la oportunidad de afrontar este tema, por fin, no desde la marginalidad de las posiciones de izquierda en el relato capitalista, sino como un aspecto más de éste que, desequilibrado y en aumento, representa una grave amenaza para todo el sistema. La Fundación Alternativas, en su Tercer Informe sobre la Desigualdad en España (2018) nos avisa sobre las características estructurales que la desigualdad está alcanzando en nuestro país, y el peligro de que se consoliden de forma que sea muy difícil superarlas a través de políticas públicas, por muy progresistas que éstas sean.
Ahora, con un gobierno de coalición de izquierda, que puede representar una esperanza de futuro no solo para España sino para todo el continente europeo, nos queremos fijar con mucha atención en la forma que la desigualdad se presenta en nuestro país y cómo y cuánto tendrán que aplicarse las prioridades en la acción de gobierno. Las dimensiones de la desigualdad en España, según el informe, son equiparables a las de otros países europeos, aunque se da una diferencia importante según haya sido la potencia y eficacia de las políticas de protección social. La restricción del gasto social en los últimos 10 años ha tenido un impacto muy importante en este aspecto, más o menos equilibrado en las distintas comunidades autónomas que son las que tienen la competencia de la aplicación de dichas políticas. A pesar de esos desequilibrios, interesa destacar aquí tres aspectos que requieren atención urgente por parte de todas las administraciones y un impulso preferente del Gobierno:
- la incidencia creciente de la pobreza infantil y juvenil que tiene un impacto muy grave para el desarrollo de las persones y sus proyectos futuros de vida
- el impacto de las desigualdades económicas, sociales y en salud en las mujeres, especialmente las familias monomarentales y las mujeres mayores de 80 años
- la sobredimensión de diversos tipos de desigualdades en determinados colectivos y también en ciertos territorios y barrios de ciudades que requieren una acción intensiva y multifactorial.
Si el relato de la conexión entre el bienestar social y la salud de las persones está aceptado tanto a nivel social como científico, apelamos a la voluntad de los gobiernos de todo tipo y nivel administrativo para generar sinergias, complicidades, corresponsabilidades, proyectos conjuntos y todos las estrategias de política pública posibles para no dejar de abordar la desigualdad social desde su origen (económico y sistémico) pero tampoco su impacto sobre las persones (multidimensional y acumulativo)
Una izquierda decidida a minimizar los desequilibrios del sistema capitalista no solo desde las estrategias pre i post distributivas, sino también a partir de los mecanismos de promoción, prevención y atención en servicios y programas integrados y centrados en las necesidades de las personas.
Isabel Sierra
@IsabelSierraNav
Federalista