Diosdado Toledano es un viejo luchador sindicalista y activista social cuya última causa es la Iniciativa Legislativa Popular destinada a crear una Renta Garantizada de Ciudadanía en Cataluña. Está costando. El Parlament se ha posicionado a favor, pero el Govern de la Generalitat se va haciendo el remolón.
El 30 de abril nos acompañó en la última cena del Club Còrtum, donde le habría gustado dar la buena nueva de una aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía que aún no se ha producido. Toledano explica que la oposición de la derecha en Cataluña, especialmente la más cercana al mundo del partido ante llamado Convergència y su actual heredero el PDECAT, hacia una ley, cuyo concepto se encuentra en el propio Estatut, en su artículo 24.3, ha sido y está siendo grande.
Si en su momento, en el año 2006, esta ley se hubiese desarrollado, Cataluña habría podido ahorrarse el sufrimiento social de cientos de miles de personas, pero no fue así. Al contrario, en el año 2011, en plena época de recortes de los gobiernos de CiU se rebajó la Renta Mínima de Inserción, acusando a muchos de sus beneficiarios de corrupción y de fraude, lo que no deja de tener su punto de ironía en vista de lo que se ha ido conociendo con el paso del tiempo.
Se criminalizó a los pobres, pero jamás se pudo demostrar documentalmente. La respuesta fue reclamar el cumplimiento de este artículo 24.3 del Estatut que dice, textualmente, que “las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a una renta mínima de ciudadanía que les garantice los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen. Las organizaciones del tercer sector social tienen derecho a cumplir sus funciones en los ámbitos de la participación y la colaboración sociales”.
Vivimos en un momento, y esta crisis nos lo ha demostrado, en el que la gente que cree que tiene su vida solucionada, que tiene su trabajo, o que tiene su negocio, acaba cayendo en la pobreza. Por eso se trata de una ley que es para todos. Por eso resultó sorprendente que el gobierno de Artur Mas se negara a ni tan solo admitir la propuesta.
Para negarse a desarrollar el Estatut se dieron dos argumentos, el primero de que la gente perceptora de la renta se acostumbre a vivir de ella y no busque trabajo, con esa idea de cierta derecha según la cual la gente pobre el vaga por naturaleza, el segundo que la medida podría tener un efecto al alza de los salarios, algo en lo que estamos de acuerdo. Afortunadamente, en la mesa del Parlament había una mayoría favorable que permitió superar este obstáculo, y empezó la recogida de firmas, más de 120.000, lo que la convierten en una de las iniciativas con más apoyo social, y también político, que ha habido en Cataluña, con cerca de 90 entidades de una gran diversidad que manifestaron su soporte a la propuesta. Y con un apoyo muy importante del mundo municipal, lo que tiene su lógica, pues no deja de ser el primero que da la cara cuando hay un problema.
El proyecto se presentó en el Parlament en marzo de 2014 y lo que no encontramos a partir de entonces por parte del Govern, es algo que se suele llamar filibusterismo parlamentario, convocado cerca de un centenar de comparecientes en la comisión que tenía que estudiar la propuesta, que además se iban repartiendo en plazos cada vez más largos de tiempo, de modo que a finales de año aún no habían sido convocados en su totalidad.
Así que al llegar a la ponencia hay una convocatoria anticipada de elecciones, con lo que la propuesta de ley decae. Se empezó de nuevo casi de cero, mientras la pobreza severa crecía en un país con 300.000 niños con pobreza infantil. La pobreza se esconde, incluso por parte de quien la sufre.
Ahora seguimos hablando. La ponencia está en su última fase. Frente a la resistencia de Junts pel Sí, que es quien tenía una postura más de recorte, logramos una mayoría del resto de las fuerzas, por razones diversas, cada partido sabrá por qué toma su decisión. En cualquier caso nos ofrece la posibilidad de negociar con el gobierno sabiendo que es posible que la ley sea aprobada por vía parlamentaria sin su concurso.
Nosotros proponemos como prestación básica a una sola persona 664 euros, que es el indicador de renta de suficiencia de Cataluña, mensualizado en 12 pagas. Un indicador que no se ha actualizado desde el año 2010, pero esa es otra batalla.
Actualmente estamos en una negociación con el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, y con su consellera Dolors Bassa, Empezamos en enero y desde entonces hemos hecho algo parecido a bailar la yenka, dado una paso
para delante y otro para atrás.
La idea sería que este mismo 2017, a partir de septiembre se inicie un periodo de transición y se aplique la renta garantizada, y nuestra propuesta es que en el caso de una familia de cuatro personas sin ingresos laborales, fuese de algo más de 1.000 euros.
Sobre marzo a abril de 2020, acabaría la transición y la renta debería estar plenamente vigente y el tope que plantea el govern son 1200 euros. Sin embargo el departament plantea un problema que no es menor: su incompatibilidad con las rentas del trabajo, es decir, la negativa a aceptar complementos hasta alcanzar esta cifra para personas que realizan trabajos a tiempo parcial, lo que en Cataluña supone unas 400.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres. Y aún va más allá al intentar excluir de la prestación a todos los miembros de una familia cuando uno de sus miembros tenga un contrato a tiempo parcial. La movilización de todos los sindicatos cambio la postura del govern de la Generalitat.
Ahora el Parlament de Cataluña ha aprobado con el voto de favor de todos los partidos, excepto Junts pel Si, que se abstuvo, que esta ayuda fuera universal, lo que no sentó muy bien a la consellera Bassa, quien amagó con romper las negociaciones. Al final todo quedó en un nuevo retraso. Pero si van pasando semana y semanas, seguramente no se podrá implementar en septiembre. La posibilidad de unas elecciones anticipadas tampoco ayuda. Y hay que acabar de pulir la ley, dotarla económicamente y votarla. Así que si hay mala voluntad es posible encontrarse de nuevo ante un nuevo retraso.
La normativa permite retirar la renta a una persona que se niegue a aceptar un empleo y establece unas ayudas de 664 euros para la primera persona de una familia que recibe la renta garantizada, la segunda persona recibiría la mitad, 332 euros, y cada hijo menor de edad, hasta un límite de cinco, sería, 100 euros cada uno.
Su todo va bien lo celebraremos con la gente que está sufriendo lo indecible y que tendrá una posibilidad de vivir con dignidad.
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